Los incidentes de los últimos días volvieron a encender las alarmas en el fútbol ecuatoriano. El problema no es que falten normas para castigar a los violentos, sino que casi nunca se aplican.
Lo que pasó en el Chucho Benítez
El sábado 10 de octubre, Guayaquil City le remontó a Emelec y ganó 3-2 en el estadio Christian Benítez. Tras el resultado, un grupo de hinchas eléctricos quemó papeles y otros materiales en las gradas, con daños a la infraestructura del escenario. La Policía tuvo que intervenir para controlar el desorden y evacuar a los asistentes.
No fue un hecho aislado. Al día siguiente hubo enfrentamientos entre hinchas de Liga de Quito y Barcelona en los exteriores del estadio Rodrigo Paz Delgado. En septiembre ya se habían registrado disturbios afuera del Olímpico Atahualpa, después del partido entre El Nacional y 22 de Julio por la Serie B. Emelec, además, acumula sanciones este año por incidentes en el Capwell, como el lanzamiento de botellas, el uso de bengalas y choques con la Policía. Esas sanciones incluyeron cierres de tribunas, partidos sin público y una multa de cerca de 29.500 dólares.
Una ley vigente desde 2019
Giovanni Cárdenas, jurista deportivo y exviceministro del Deporte, recordó que desde 2019 rige la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte, pensada justamente para estos casos. Según explicó, el artículo 28 obliga a los asistentes a no agredir, no alterar el orden y no poner en riesgo a los demás. También hay reformas en el COIP que castigan los actos violentos en escenarios deportivos y en eventos masivos.
Las sanciones van desde 50 hasta 100 horas de trabajo comunitario y la prohibición de entrar a los estadios hasta por un año. Para quienes lancen objetos o cometan agresiones, la ley contempla multas y hasta diez días de cárcel. Los dirigentes tampoco quedan libres: pueden responder si participan en los hechos o si no los denuncian.
Cárdenas mencionó además que la ley prevé identificar a cada asistente con los datos personales registrados en su entrada, lo que permitiría ubicar a los responsables de los desmanes. Su crítica es que nada de eso se cumple como debería.
Fiscales en las tribunas
Alfonso Harb, expresidente de Barcelona, calificó estos actos de vergonzosos porque ponen en peligro incluso a quienes no tienen nada que ver. Para él, el hincha tiene derecho a protestar con silbidos, pero nunca destruyendo. Propuso reforzar la presencia policial, detener a los responsables en el momento y volver a tener fiscales dentro de los estadios, como se hacía antes, para actuar en flagrancia.
El control empieza antes del partido
David Baquerizo, quien estuvo al frente de la comisión de seguridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol durante las gestiones de Luis Chiriboga y Carlos Villacís, apuntó a otra falla: los controles previos. Según él, los dirigentes son responsables de los estadios, y si permiten que las barras ingresen objetos días antes del partido, ningún operativo será suficiente. Por eso insiste en identificar los riesgos con anticipación y revisar a fondo lo que entra al estadio.
¿Quién responde?
Desde la Gobernación del Guayas explicaron que la seguridad se coordina con la Policía Nacional y que la Intendencia participa en la autorización de los eventos. Cuando hay desmanes, el caso pasa a la justicia, pero para eso tiene que existir una denuncia formal contra los responsables.
Una deuda pendiente
Todos los consultados coinciden en lo mismo: la ley está, pero hace falta voluntad para aplicarla. Mientras no se identifique y sancione a los violentos, y mientras los controles sigan siendo débiles, la familia seguirá pensándolo dos veces antes de ir al estadio.
